Pueblos indígenas piden que promulgue la Ley de Consulta Previa aprobada por consenso
Pueblos indígenas piden que promulgue la Ley de Consulta Previa aprobada por consenso
Recordar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas contribuyó a visibilizar la situación real de los Pueblos Indígenas en el Perú: la falta de políticas de Estado que permitan un encuentro y diálogo intercultural entre las diferentes culturas y pueblos; la constatación de que los modelos de desarrollo aplicados en el Perú se han escrito en detrimento de los pueblos Indígenas; y la postergación sistemática desde el Estado y el actual gobierno de materializar los consensos en torno a la agenda indígena. La Ley de Consulta Previa es una expresión reciente de todo ello.
Por ello, Magdiel Carrión, indígena y rondero de las bases nacionales de CONACAMI, fue claro en señalar que “el gobierno es experto en generar expectativas fallidas, sobre temas que pueden contribuir al respeto desde el Estado a los derechos de los Pueblos Indígenas, porque hasta ahora la situación de nuestros pueblos es la misma: esperábamos una ley acorde al Convenio 169 de la OIT y el gobierno nos quiere aprobar una ley que nadie sabe qué base tiene y a quién representa, porque a nosotros, no”
El líder de CONACAMI recordó que las observaciones del Ejecutivo a la Ley aprobada por el Congreso el 19 de mayo “pretendieron no reconocer a las comunidades campesinas, desconocer la existencia de diversos pueblos andinos para, so pretexto de ello, primero, dividir a los pueblos originarios y, segundo, bloquear una ley que pueda tener alcance real no solo con la jurisprudencia internacional, sino con la realidad de todo el ande y la selva”
El norte del Perú fue escenario de ejemplares experiencias en materia de Consulta, reconocidos por veedores internacionales e instituciones de derechos humanos. Magdiel Carrión fue uno de los principales dirigentes que promovió la Consulta Previa en la provincia de Ayabaca, y que tuvo como antecedente previo la Consulta de Tambogrande. El Caso Majaz continúa estremeciendo a la opinión pública por la evidente despreocupación del Estado en respetar los derechos colectivos y guardar silencio respecto a la impunidad con la que actúan algunas transnacionales en la zona.
El dirigente de CONACAMI ratificó la decisión de su organización de respaldar la Agenda Indígena que implica varios puntos considerados dentro del Convenio 169 de la OIT. “Uno de nuestros puntos -agrega Magdiel- es contar con una Ley de Consulta, pero siempre y cuando sea la aprobada el 19 de mayo por el Congreso de la República y no otra. “Conacami ha sido uno de los principales impulsores de la Ley de Consulta Previa, y estaremos exigiéndola hasta su implementación concreta. Para nosotros está claro que el diálogo generó consensos, y esto se expresa en aquella ley; y que quien no quiere consensos es el Gobierno, así como tampoco quiere que los conflictos sociales se resuelvan.”
De igual opinión fue Pablo Salas, originario de los Pueblos Aymaras de Puno y miembro de las bases de CONACAMI y las comunidades afectadas por las actividades petroleras. El líder del sur, recordó que las comunidades Aymaras esperaban la promulgación de la Ley de Consulta que se aprobó el 19 de mayo, porque también reconocía los derechos culturales; “ sin embargo, al enterarnos de las observaciones del Gobierno y la consecuente no promulgación de la ley, la confianza se fue deteriorando”. Ahora, señala Salas, “tenemos proyectos que se quieren imponer sobre nuestras comunidades. Por el ejemplo, el caso de la construcción de las Hidroeléctricas. Nosotros queremos que se nos reconozca como peruanos indígenas, que se nos trate como ciudadanos y no que se nos imponga proyectos. Hemos pedido que se haga valer nuestros derechos, por eso la Ley de Consulta Previa, pero la que está acorde a la OIT, no a la que la Comisión de Constitución se allanó.
Pablo Salas remarcó que la población sabe que el Proyecto de la Hidroeléctrica de Inambari generaría un desplazamiento de más de 25 mil habitantes. Frente a este escenario, Salas se preguntaba si más importante para este gobierno es hacer una hidroeléctrica sin consultar a los pueblos originarios, sin información permanente- como ahora- y creer que eso es desarrollo; o respetar el ámbito territorial, a los pueblos dentro de ello, donde se desarrollan los proyectos, con el respeto a los derechos colectivos.
Recordar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas contribuyó a visibilizar la situación real de los Pueblos Indígenas en el Perú: la falta de políticas de Estado que permitan un encuentro y diálogo intercultural entre las diferentes culturas y pueblos; la constatación de que los modelos de desarrollo aplicados en el Perú se han escrito en detrimento de los pueblos Indígenas; y la postergación sistemática desde el Estado y el actual gobierno de materializar los consensos en torno a la agenda indígena. La Ley de Consulta Previa es una expresión reciente de todo ello.
Por ello, Magdiel Carrión, indígena y rondero de las bases nacionales de CONACAMI, fue claro en señalar que “el gobierno es experto en generar expectativas fallidas, sobre temas que pueden contribuir al respeto desde el Estado a los derechos de los Pueblos Indígenas, porque hasta ahora la situación de nuestros pueblos es la misma: esperábamos una ley acorde al Convenio 169 de la OIT y el gobierno nos quiere aprobar una ley que nadie sabe qué base tiene y a quién representa, porque a nosotros, no”
El líder de CONACAMI recordó que las observaciones del Ejecutivo a la Ley aprobada por el Congreso el 19 de mayo “pretendieron no reconocer a las comunidades campesinas, desconocer la existencia de diversos pueblos andinos para, so pretexto de ello, primero, dividir a los pueblos originarios y, segundo, bloquear una ley que pueda tener alcance real no solo con la jurisprudencia internacional, sino con la realidad de todo el ande y la selva”
El norte del Perú fue escenario de ejemplares experiencias en materia de Consulta, reconocidos por veedores internacionales e instituciones de derechos humanos. Magdiel Carrión fue uno de los principales dirigentes que promovió la Consulta Previa en la provincia de Ayabaca, y que tuvo como antecedente previo la Consulta de Tambogrande. El Caso Majaz continúa estremeciendo a la opinión pública por la evidente despreocupación del Estado en respetar los derechos colectivos y guardar silencio respecto a la impunidad con la que actúan algunas transnacionales en la zona.
El dirigente de CONACAMI ratificó la decisión de su organización de respaldar la Agenda Indígena que implica varios puntos considerados dentro del Convenio 169 de la OIT. “Uno de nuestros puntos -agrega Magdiel- es contar con una Ley de Consulta, pero siempre y cuando sea la aprobada el 19 de mayo por el Congreso de la República y no otra. “Conacami ha sido uno de los principales impulsores de la Ley de Consulta Previa, y estaremos exigiéndola hasta su implementación concreta. Para nosotros está claro que el diálogo generó consensos, y esto se expresa en aquella ley; y que quien no quiere consensos es el Gobierno, así como tampoco quiere que los conflictos sociales se resuelvan.”
De igual opinión fue Pablo Salas, originario de los Pueblos Aymaras de Puno y miembro de las bases de CONACAMI y las comunidades afectadas por las actividades petroleras. El líder del sur, recordó que las comunidades Aymaras esperaban la promulgación de la Ley de Consulta que se aprobó el 19 de mayo, porque también reconocía los derechos culturales; “ sin embargo, al enterarnos de las observaciones del Gobierno y la consecuente no promulgación de la ley, la confianza se fue deteriorando”. Ahora, señala Salas, “tenemos proyectos que se quieren imponer sobre nuestras comunidades. Por el ejemplo, el caso de la construcción de las Hidroeléctricas. Nosotros queremos que se nos reconozca como peruanos indígenas, que se nos trate como ciudadanos y no que se nos imponga proyectos. Hemos pedido que se haga valer nuestros derechos, por eso la Ley de Consulta Previa, pero la que está acorde a la OIT, no a la que la Comisión de Constitución se allanó.
Pablo Salas remarcó que la población sabe que el Proyecto de la Hidroeléctrica de Inambari generaría un desplazamiento de más de 25 mil habitantes. Frente a este escenario, Salas se preguntaba si más importante para este gobierno es hacer una hidroeléctrica sin consultar a los pueblos originarios, sin información permanente- como ahora- y creer que eso es desarrollo; o respetar el ámbito territorial, a los pueblos dentro de ello, donde se desarrollan los proyectos, con el respeto a los derechos colectivos.
Comentarios
Publicar un comentario